La Justicia Federal formalizó este martes 13 de octubre una investigación contra nueve personas por presunto lavado de activos y, en algunos casos, enriquecimiento ilícito, en una causa que tramita con intervención de la Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La Justicia Federal formalizó este martes 13 de octubre una investigación contra nueve personas por presunto lavado de activos y, en algunos casos, enriquecimiento ilícito, en una causa que tramita con intervención de la Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La audiencia se realizó ante la jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger, con intervención de la subsede judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña. El fiscal federal Carlos Martín Amad, a cargo de la Unidad Fiscal Sede Descentralizada de esa ciudad, formalizó la investigación en el marco de la carpeta judicial FRE N.º 7192/2026, incidente N.º 4.
Según informó la Oficina Judicial del Distrito Resistencia, Carlos Mauricio Andión, Rosana Alejandra Andión y Juan Antonio Daniel fueron señalados como presuntos coautores de lavado de activos agravado.
La Justicia Federal formalizó la investigación contra nueve personas por presunto lavado de activos y, en algunos casos, enriquecimiento ilícito.
En el caso de Carlos Mauricio Andión, la fiscalía le atribuyó además el presunto delito de enriquecimiento ilícito en concurso real.
Juan Segundo Daniel, Nashara Daniel y Julio Oscar Fretes quedaron comprendidos como presuntos partícipes necesarios de lavado de activos agravado.
Carla Araceli Vallejos fue incluida en la investigación por una presunta participación necesaria en lavado de activos. Darío Alejandro Tartaglino y Marcelo Daniel Alberto Páez, en tanto, fueron señalados como presuntos partícipes necesarios de lavado de activos agravado, en concurso real con enriquecimiento ilícito.
La jueza Zunilda Niremperger declaró el proceso como asunto complejo y estableció un plazo de 365 días para la investigación.
Durante la audiencia también intervino como parte querellante el Instituto de Tierras Fiscales de la Provincia del Chaco, representado por el abogado Alejandro Manuel Varela.
De acuerdo con la información difundida tras la audiencia, la investigación comprende presuntas irregularidades vinculadas con operaciones inmobiliarias, transferencias de tierras fiscales y movimientos patrimoniales relacionados con sociedades comerciales.
Niremperger tuvo por formalizada la investigación y declaró el expediente como asunto complejo, con un plazo de 365 días para que avance la pesquisa.
La magistrada también dispuso medidas cautelares patrimoniales sobre bienes y automotores individualizados durante la audiencia.
La magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva contra Carlos Mauricio Andión y dispuso medidas de coerción menos gravosas.
Además, autorizó el allanamiento, apertura y registro de una caja de seguridad bancaria vinculada con uno de los imputados. La información oficial difundida no identificó públicamente a su titular.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal Carlos Martín Amad contra Carlos Mauricio Andión. La jueza rechazó la solicitud y resolvió aplicar medidas de coerción menos gravosas.
Entre las medidas establecidas para los imputados se encuentran la presentación quincenal ante la autoridad policial, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la retención de los documentos de viaje.
También se ordenaron medidas cautelares sobre bienes y automotores y la apertura de una caja de seguridad bancaria vinculada a uno de los imputados.
En el caso particular de Carlos Mauricio Andión, también se dispuso una caución personal y profesional a cargo de sus abogados defensores.
La formalización se produjo después de los procedimientos realizados a comienzos de octubre en el marco de la investigación, que incluyeron allanamientos en inmuebles vinculados con personas alcanzadas por la causa.
La Oficina Judicial aclaró que el expediente continúa en la etapa de investigación preparatoria y que las calificaciones legales atribuidas son provisionales. Las personas investigadas mantienen plenamente el principio constitucional de inocencia mientras avanza el proceso.
Fuente: Infoqom / Oficina Judicial del Distrito Resistencia
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